DF Tax | Pacto fiscal: transparentar intenciones

Karen Medina

En el marco de las discusiones sobre el pacto fiscal, se han llevado a cabo importantes reuniones lideradas por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y otras personalidades destacadas del sector público. El objetivo central de estos encuentros ha sido dialogar sobre la implementación de nuevas medidas para regular los impuestos, con especial énfasis en la evasión y elusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto a la renta.

Un aspecto preocupante que emerge de estas discusiones es el alto índice de evasión fiscal registrado en los años 2018, 2019 y 2020. Las cifras indican una brecha de evasión que fluctúa entre el 54% y el 60% del IVA. Esto es muy grave. Estos datos demuestran la gravedad de la situación en términos de recaudación fiscal, poniendo en evidencia la necesidad de medidas urgentes y eficaces para contrarrestar esta problemática.

“Las reuniones sobre el pacto fiscal en Chile han puesto de manifiesto desafíos significativos en la gestión de impuestos y han revelado la necesidad de abordar estos problemas con transparencia, eficiencia y una visión a largo plazo”.

Sin embargo, surge una incongruencia notable: para los años 2021 y 2022, no se dispone de información actualizada, falta de datos que fue señalada por el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, quien admitió que la responsabilidad era del Banco Central respecto de este vacío informativo. Curiosamente, en la misma reunión, se destacó la implementación de sistemas de inteligencia artificial por parte del SII, diseñados para mejorar la gestión y el manejo de la información del servicio. Esta situación plantea una interrogante sobre por qué, a pesar de contar con herramientas tecnológicas avanzadas, no se ha proporcionado información actualizada que permita determinar con precisión la brecha de no pago de impuestos.

Durante la reunión, también se abordó el tema de las propuestas gubernamentales destinadas a incrementar la recaudación fiscal en un 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, se reconoció que, debido a las holguras negativas proyectadas para al menos dos años más, estas medidas podrían no ser suficientes. Se destacó además que la estrategia respecto al litio debería discutirse en otra instancia.

Finalmente, se mencionó que el tema del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la deuda histórica de los profesores será abordada en septiembre de 2024 como una iniciativa unilateral del Ejecutivo, pero se genera una gran problemática, es decir, todos los participantes de la mesa exponen claramente la necesidad de regular estas temáticas, pero a pesar de ese esfuerzo, y entendiendo que nuestro país no cuenta con recursos necesarios para enfrentar el financiamiento de políticas públicas específicas, vemos que no hay un interés real en trabajar en conjunto, sino que vemos la intención de trabajar en paralelo, y comprometer a los partidos políticos en un futuro acuerdo, por el solo hecho de trabajar en una mesa con Hacienda, pero nuevamente se equivocan.

Son muchas las interrogantes: ¿si estamos trabajando en llegar a acuerdos con un pacto fiscal, qué sería necesario para enfrentar una crisis económica en nuestra nación? ¿Cómo es posible que en septiembre del 2024, el Ejecutivo proponga un sistema de pago del CAE? Es decir, hay recursos, ¿dónde se encuentran? Y si los hay, ¿por qué entonces es necesario un pacto fiscal? Este punto subraya la naturaleza compleja y multifacética de las conversaciones en torno al pacto fiscal, donde diversos temas de relevancia nacional e internacional se entrelazan en el debate sobre la mejor manera de gestionar los recursos y responsabilidades fiscales del país.

En conclusión, el Ejecutivo debe transparentar sus intenciones, sin dobles discursos, y poner toda la información en la mesa, de manera concreta y actualizada. Las reuniones sobre el pacto fiscal en Chile han puesto de manifiesto desafíos significativos en la gestión de impuestos y han revelado la necesidad de abordar estos problemas con transparencia, eficiencia y una visión a largo plazo que priorice el bienestar y el desarrollo sostenible del país, pero aún estamos lejos de llegar a un real acuerdo.